Un año después de la caída de Omar Al Bashir, derrocado por el ejército bajo la presión de la calle, Sudán sigue buscando la estabilidad, con un gobierno de transición y la economía hecha trizas.

El 11 de abril de 2019, tras cuatro meses de manifestaciones en todo el país, el ejército puso fin a tres décadas de reinado tiránico.

Desde entonces, el dictador Omar Al Bashir, que llegó al poder en 1989 con un golpe de Estado, fue condenado una primera vez por corrupción en diciembre y hoy está tras los barrotes en Jartum.

Un alto responsable del nuevo poder se comprometió en febrero a que Bashir sea entregado a la Corte Penal Internacional (CPI), más de una década después de su inculpación por crímenes contra la humanidad en Darfur. Pero esta iniciativa no parece cuajar en el país.

Desde agosto de 2019, tras muchas negociaciones entre los líderes de las protestas y el ejército, un consejo soberano formado por civiles y militares supervisa la transición hacia un régimen civil.

Un execonomista de la ONU, Abdalá Hamdok, fue nombrado primer ministro.

Los desafíos de este periodo de tres años corresponden "a la misma constelación factores que contribuyó a la caída de Bashir", explica Magdi al-Gizouli, investigador en el Rift Valley Institute.

- Levantamiento de sanciones -

Este gobierno de transición tendrá que enfrentarse a un inflación anual que ronda el 70%, una deuda pública colosal y las negociaciones de paz con los rebeldes de Darfur (oeste).

Este conflicto, que estalló en 2003 entre fuerzas gubernamentales e insurgentes de minorías étnicas, ha causado unos 300.000 muertos y más de 2,5 millones de desplazados, según la ONU.

En 2011, el país, que ya se encontraba bajo sanciones estadounidenses, tuvo que encajar un duro revés con la secesión de Sudán del Sur, una zona rica en recursos petroleros.

Estados Unidos anunció en octubre de 2017 que ponía fin al embargo económico impuesto desde hacía 20 años a Sudán. Y el hecho de que Washington levantara en marzo sanciones a 157 empresas sudanesas dio al gobierno la esperanza de que llegarían inversiones extranjeras.

- "El camino será largo" -

Pero Sudán sigue en la lista negra estadounidense de Estados que apoyan al terrorismo, incluso si se dieron esta semana las condiciones para ser retirado de ella al firmar el país un acuerdo de indemnización de las familias de víctimas en el atentado contra el navío de guerra "USS Cole" en Yemen en el año 2000.

Pese a estos avances, las perspectivas económicas no son buenas. El país está inmerso en una profunda crisis económica, tras tres décadas de gestión desastrosa.

La población sufre a menudo cortes de electricidad y escasez de bienes. Y tiene que esperar durante horas en largas filas para comprar pan o gasolina.

"El camino de la recuperación económica será largo y necesitará el apoyo calculado, prolongado y coordinado de los donantes tradicionales, como la Unión Europea, Reino Unido, Japón, Estados Unidos y los Estados del Golfo", estima Jonas Horner, del International Crisis Group (ICG).

Hamdok, quien efectuó su primera visita a Washington en diciembre, ha hecho considerables esfuerzos para mejorar la imagen de Sudán en el extranjero.

En este sentido, las autoridades aceptaron entregar a Bashir, sobre quien pesa una orden de arresto por genocidio y crímenes de guerra en Darfur, a la CPI en La Haya.

Pero estas medidas son "controvertidas" en Sudán, "sobre todo entre las personas cercanas al antiguo régimen", explica Marina Ottaway, investigadora en el Wilson Center.

bur-ab-mz/hkb/hh/emp/mdz/gk/es/zm