(Franco Fafasuli)

El confinamiento radical en el que se encuentra la infancia es inconstitucional, discriminatorio e inmoral. El Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, órgano que se encarga de supervisar la Convención de los Derechos del Niño, la cual vale recordar tiene rango y jerarquía constitucional en nuestro sistema jurídico-político, (art 75, inc 22) advirtió oficialmente a los Estados miembro sobre el “grave impacto físico, emocional y psicológico” que provoca el confinamiento extremo y obligatorio en la infancia y paralelamente formuló una serie de recomendaciones a seguir.

En tal sentido reclamó expresamente a los Estados que deben garantizar que las respuestas a la pandemia, incluida las restricciones, respeten el principio del interés superior del niño.

Específicamente, en el marco de la emergencia sanitaria y la cuarentena obligatoria el Comité indicó que los Estados deben promover soluciones “alternativas y creativas para que los niños disfruten de sus derechos de descanso, ocio, recreación” y que deben incluir “actividades supervisadas al aire libre al menos una vez al día” respetando protocolos de “distancia física y otras normas de higiene”.

Hace más de 40 días que los niños quedaron literalmente encerrados en sus casas, de un día hacia el otro fueron aislados, dejaron de ir al colegio, de ver a sus amigos, a sus abuelos, incluso algunos de ellos -en el caso de padres separados- dejaron de ver a sus mamás o sus papás.

Muchos no ven la luz del sol, no respiran aire libre, no corren, lloran y no entienden por qué el perro puede dar una vuelta de manzana y ellos no.

Desde los balcones nadie los aplaude y la sociedad de adultos panicosos los dejó solos y les da la espalda.

En los procesos de toma de decisiones sus opiniones no influyen, no son escuchadas, no son tenidas en cuenta. Por eso siguen confinados hace más de mes sin ningún tipo de consideración y por tiempo indefinido.

¿Puede esta situación constituir una especie de tortura psicológica a menores de edad? ¿Cuánto tiempo puede soportar la psicología infantil semejante nivel de presión, angustia e incertidumbre?

Lo cierto es que se está poniendo en riesgo objetivo la salud física, psíquica y emocional de millones de niños y niñas.

Los expertos que integran el Comité de Derechos del Niño, numerosos pediatras y psicólogos infantiles lo están alertando. Los responsables no tendrán excusas frente a las consecuencias que ya todos saben podrían suceder en la infancia.

También corresponde señalar que en línea con la Convención de los Derechos del Niño, el art. 75, inc 23 del texto constitucional impone al Estado el “deber de promover medidas de acción positivas que garanticen (...) la igualdad real de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños...”.

Ahora bien, el Estado nacional recientemente por decreto reconoció el derecho para “todos los habitantes del territorio nacional”, incluidos los niños -que, como dije, son los que no tienen ni una sola excepción- para una salida diaria de esparcimiento en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico y dispuso que los gobernadores lo reglamenten.

Es decir que el Estado dispone un derecho para asegurar la “salud psicofísica”; en consecuencia, los gobernadores que no lo respeten serán responsables del deterioro de la salud de lo habitantes de sus jurisdicciones, sobre todo de los más débiles y los que se encuentran bajo un confinamiento extremo como los niños.

Sobre las conciencias de cada gobernador pesará por siempre el deterioro en la salud psicofísica de cada niño y cada niña de sus territorios.

El autor es profesor adjunto regular derecho constitucional UBA y titular de derecho político en la Universidad de San Isidro Dr. Plácido Marín.