El nuevo gobierno de Irak se comprometió el sábado a liberar a los manifestantes detenidos por haber participado en la revuelta popular de octubre, y también prometió justicia e indemnizaciones para los familiares de las más de 550 personas que murieron en las protestas.

El anuncio llegó en un discurso televisado, retransmitido el sábado por la noche tras el primer Consejo de ministros del primer ministro Mustafa al Kazimi, que era jefe de los servicios de inteligencia cuando estalló la peor crisis social que haya conocido Irak desde el derrocamiento de Sadam Husein.

Kazimi prometió "la verdad sobre todos los acontecimientos", mientras que en las redes sociales cunden los llamados para reiniciar las manifestaciones a partir del domingo.

El primer ministro se comprometió a "hacer que se rindan cuentas a todos los que hayan derramado sangre iraquí", pese a que su predecesor, Adel Abdel Mahdi, hubiera insistido en repetidas ocasiones que no se podía encontrar a los "francotiradores no identificados" que abatieron a decenas de manifestantes, que reclamaban una renovación total del sistema y de la clase política.

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