Ya se registraron más de 400 casos de coronavirus en los barrios vulnerables (REUTERS/Agustin Marcarian) (AGUSTIN MARCARIAN/)

Desde el primer día del aislamiento social obligatorio se planteó la necesidad de permanecer en las casas. En ese momento, muchos de quienes trabajamos sobre el derecho a la vivienda alertamos de la dificultad que esto suponía para quienes viven en las villas de la Ciudad, que son alrededor del 10% de la población porteña. Los primeros días pasaron sin que casi se registren muchos casos en esos barrios, pero la preocupación estaba latente.

En las últimas 24 horas hubo 102 casos nuevos en la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales el 44,11% corresponden a habitantes de barrios vulnerables. Hasta el día de hoy, el 25,07% del total de casos confirmados de Covid-19 de la Ciudad correspondan a habitantes de Barrios Populares. Estos 410 casos muestran una sobrerrepresentación de enfermos en comparación con la cantidad de habitantes en relación a la Ciudad, y están distribuidos en diferentes villas y asentamientos. La mayoría corresponden a la Villa 31 (280 casos) y a la Villa 1-11-14 (104 casos). Si nos focalizamos en la villa que más casos tiene, es importante resaltar que el primer caso se dio hace poco más de dos semanas y en estos últimos siete días hubo un aumento de casi 250% de casos.

La desigualdad en el acceso a la vivienda digna y a la alimentación volvió a mostrar su faceta más dura; la prevención no se puede practicar de igual forma. Todas las recomendaciones que brindaron organismos multinacionales como la OMS y que el Estado argentino reprodujo son muy difíciles de ejecutar en los barrios más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires.

Con respecto al aislamiento obligatorio y el distanciamiento social, la normativa precisa la obligación de permanecer en el hogar y salir solo si es necesario. Ahora bien, la mayoría de quienes viven en los barrios populares de la Ciudad tienen una imposibilidad material de cumplir con dichas obligaciones, ya que se encuentran en graves condiciones de hacinamiento. Para tomar una dimensión, mientras en la Ciudad formal el hacinamiento crítico (más de tres personas por cuarto) es de 1,3%, en la Comuna 1 donde se ubica la Villa 31 (uno de los asentamientos más antiguos y poblados de la ciudad), el hacinamiento crítico es cuatro veces mayor.

Con respecto a la higiene, se sugiere la utilización de alcohol en gel, lavandina y todo tipo de desinfectantes, y en especial, se remarca la necesidad de lavarse las manos con agua de red o potabilizada asiduamente. Pero en los barrios populares el acceso a servicios básicos como red de agua, electricidad y cloacas no es prestado por las empresas de servicios públicos que brindan el servicio en el resto de la Ciudad. Esto supone, como ocurrió en los últimos días, un pase de responsabilidad entre Gobierno y empresas para ver quién soluciona el problema. Pretender que en las villas y asentamiento se cumplan ciertas recomendaciones para evitar la propagación del Covid-19 cuando no se encuentran aseguradas las condiciones mínimas de prestación de agua, es poco probable de conseguir. Desde la Defensoría venimos trabajando desde hace mucho tiempo la cuestión de los servicios en las villas en busca de soluciones concretas. Por eso creamos la mesa de servicios públicos para justamente sentar a todos los actores intervinientes en la mesa y rápidamente encontrar soluciones, evitando el desligue de responsabilidades.

Las pésimas condiciones de vida y habitabilidad en villas son un problema que existía desde mucho antes de la aparición del COVID-19, pero nuevamente, como ocurre en otros casos, la pandemia reaviva el problema y hace necesaria una intervención urgente. El Estado debe llevar a cabo políticas especiales sobre la población que vive en villas para poder atender sus necesidades básicas y realizar una efectiva prevención de la propagación del virus. Desde ya que esto no puede esperar: se deben tomar medidas urgentes y efectivas y una de ellas, la más importante en este momento, es proveer de agua potable a los vecinos de los barrios vulnerables.

La autora es defensora del pueblo adjunta